El 15 de abril de 1989 debían jugar el Nottingham Forest y el Liverpool por la semifinal de la Copa inglesa a partido único en el estadio de Sheffield Wedsnesday, en el norte de Londres, pero el partido debió suspenderse por los 96 muertes y los 766 heridos, todos aficionados del Liverpool debido al desborde de gente que produjo la decisión policial de abrir una puerta para facilitar el ingreso de los hinchas reds.
Muchos de esos hinchas murieron aplastados contra las vallas del estadio, producto de avalanchas, en lo que se conoció como la Tragedia de Hillsborough, que sería explotada después por el gobierno de Margaret Thatcher para imponer una política de seguridad en los estadios que transformaría por completo al fútbol inglés.
Por otra parte, los familiares de las víctimas siguen luchando para que se haga justicia, no sólo por el hecho que produjo las muertes y las heridas de sus seres queridos hace tres décadas, sino por la manipulación de la que fueron objeto en los informes policiales posteriores, en los que se responsabilizó a los hinchas por su conducta, cuando muy fuertes investigaciones al respecto determinaron que fueron responsables justamente los organizadores y los encargados de la seguridad.
Las investigaciones posteriores dieron como resultado que nada tuvo que ver la violencia de los aficionados, sino que se había sobrepasado la capacidad del estadio justo cuatro años después de la tragedia de Heysel (Bélgica) en 1985, en la final de la Copa de Campeones de Europa, cuando murieron también 39 aficionados del Liverpool en el partido ante la Juventus. Por aquellos incidentes, la UEFA había suspendido de participar por seis años a los equipos ingleses en las copas europeas.
Uno de los que más se vieron afectados por esta tragedia de 1989 fue Steven Gerrard, capitán del Liverpool entre 2014 y 2015, porque reconoció que un primo suyo de 10 años murió en Hillsborough y desde allí se transformó en una inspiración para él en cada partido.
El escándalo mayor se produjo el 12 de setiembre de 2012, cuando una comisión independiente publicó un informe final en el que se implica directamente a la Policía de South Yorkshire como culpable de la tragedia por haber sido ese día la responsable del operativo de seguridad. El entonces primer ministro, David Cameron, pidió disculpas en la Cámara de los Comunes, y aunque la mayoría de las familias de los afectados experimentó cierto alivio, siguieron pidiendo justicia y castigo a los culpables.
Margaret Aspinall, cuyo hijo James (18) falleció en la tragedia, y que es la presidente del Grupo de Apoyo Familiar de Hillsborough, dijo estar “encantada” con el pedido de disculpas de Cameron por las enormes fallas en el operativo de seguridad en ese partido, luego de haber luchado por 23 años para buscar la verdad. Pero también sostuvo que sentía una “profunda sensación de injusticia e indignación por tener que luchar contra la campaña de estigmatización de la policía” y porque las autoridades “siempre supieron cuál era la verdad”.
“En esos 23 años de vergüenza y dolor, las familias solventaron todos los gastos de sus propios bolsillos, mientras que la otra parte en los juicios, pagaba los suyos desde el bolsillo de los contribuyentes. Y eso que ellos mentían y nosotros decíamos la verdad”, se lamentó.
Esta comisión investigadora, presidida por el obispo de Liverpool, James Jones –quien dice estar comprometido con un mundo más justo–, llegó a inspeccionar 450.000 documentos entregados por la Policía, el Sheffield Wednesday (organizador del partido) y otros organismos responsables, para escribir un notable informe de 395 páginas en el que denunciaron fallas oficiales y reivindicaron a las víctimas y a los simpatizantes de fútbol. Pero lo que más sorprendió a las familias fue el nivel del encubrimiento de la Policía para liberarse de responsabilidad y trasladarla a los hinchas. Y eso todavía se investiga.
Este informe logró que el Tribunal Supremo de Londres anulara el veredicto de muerte accidental original y desde entonces, se investiga como un crimen. La campaña para desligarse del problema comenzó cuando todavía los cadáveres estaban en el depósito de la morgue, y ya el jefe de Policía, Peter Wright, indicó que la culpa había sido de hinchas borrachos o de los que ingresaron al estadio sin su entrada. Se dijo que se había sometido a las víctimas, la mayoría de menos de 30 años, a un análisis para ver su nivel de alcohol en sangre y luego, cotejar con sus documentos para comprobar si reunían antecedentes penales.
Ya por esas horas, según el informe, Wright se encontraba ya en el restaurante Pickwick de Sheffield, en la mañana del 19 de abril de 1989 –cuatro días después de la tragedia– con miembros de la Federación de Policías preparando una defensa para elaborar una “historia sólida como una roca”. Casualmente, ese día, el periódico The Sun publicó como titular “La verdad”, con los argumentos policiales. Tras conocerse este veredicto, el diario debió disculparse muchos años después, de artículos como el que sostenía que hinchas del Liverpool habían orinado sobre los cadáveres y hasta se había quedado con dinero obtenido de las pertenencias de las víctimas.
La diputada laborista de Merseyside María Eagle sostuvo en el Parlamento que el cambio de declaraciones de los policías subalternos por parte de los oficiales de Policía de Yorkshire fue parte de una “unidad de propaganda negra”. De hecho, fueron enmendadas 116 de las 164 declaraciones “para alterar o eliminar comentarios negativos contra la Policía de South Yorkshire”. La Policía dijo ante el juez Peter Taylor que eso se hizo “para eliminar conjeturas y opiniones”.
El informe, redactado principalmente por el profesor Phil Scraton, de Queen’s University de Belfast, y aprobado por unanimidad por un panel de ocho expertos, concluyó que “no hay pruebas” para verificar acusaciones serias de embriaguez, falta de boletos o violencia de los aficionados del Liverpool. También dice que las enmiendas en las declaraciones de los subalternos se hicieron “para eliminar las críticas contra la Policía”. Scraton escribió luego un libro de muchísima repercusión, al que llamó La verdad.
En agosto de 1989, el juez Taylor hizo caso al informe que recibió y llegó a la conclusión de que las historias de embriaguez de los hinchas del Liverpool eran falsas y que la Federación Inglesa determinó que Sheffield United fuese sede de aquella semifinal de Copa sin verificar si el estadio tenía un certificado de seguridad válido. Y no lo tenía. También fue duro con la gestión de la Policía, a cargo de un poco experimentado jefe, David Duckenfield, quien fue “la causa fundamental” del desastre, porque ordenó abrir las puertas de salida para agilizar el proceso y eso determinó que en una grada para 1.600 personas hubiera 3000.
Tras el primer informe del juez Taylor, los familiares de las víctimas insistieron en llevar a juicio la Policía, el club Sheffield Wednesday, y el ayuntamiento de Sheffield.
El gobierno de Cameron se vio obligado a reabrir la causa en 2009, cuando al cumplirse el vigésimo aniversario de la tragedia, más de 30.000 hinchas interrumpieron el discurso del ministro Andy Burnham al grito de “Justicia para los 96”. Siete años más tarde, en 2016, el fallo judicial parece una reparación parcial al señalar que la tragedia fue “consecuencia de un homicidio involuntario provocado por la ineficiencia de la Policía” y al rechazar cualquier responsabilidad de los hinchas en una decisión votada 7-2 por los nueve miembros. Pero los familiares quieren responsables con nombre y apellido y siguen luchando hasta que paguen todos los responsables.
Desde 2017, Duckenfield, el responsable de la seguridad, concurre a los tribunales, que siguen siendo incapaces de dar un veredicto por las 96 muertes (95 durante las horas del partido y una, cuatro años después al retirársele la asistencia). Su defensa argumenta que se trata de “hechos azarosos”, aunque él reconoce haber mentido cuando le preguntaron si él había ordenado abrir la puerta.
La Policía, pese al informe Taylor, siguió repitiendo su inocencia, pero el hallazgo de que 41 de los 96 fallecidos pudieron haberse salvado si los encargados de la seguridad y el servicio de ambulancia hubiesen hecho correctamente su trabajo, complicó las cosas.
El que está más comprometido es el jefe de seguridad del Sheffield Wednesday, el dirigente Graham Mackrell, al ser declarado culpable por no cumplir con sus obligaciones. Al contrario, a sir Norman Bettison, uno de los policías a los que más responsabilidad se le atribuye en la tergiversación de los hechos, se le retiraron los cargos en agosto de 2018.
El primer Informe del juez Taylor, que había presentado un año después de Hillsborough, el 15 de abril de 1990, y que constaba de 174 páginas en los que se cuestionaba todo, incluso la negligencia de los clubes y hasta ciertos éxitos como el del Luton, que no aceptaba visitantes aunque el informe cree que esto no parece viable para los clubes top, terminaría siendo fundamental para un cambio de paradigma en el fútbol inglés.
Entre sus principales recomendaciones se destacaban: 1) Todos los espectadores deben estar sentados; 2) la remodelación de estadios sin rejas entre tribunas para evitar asfixias; 3) los clubes deben ser responsables de la seguridad y la recepción de aficionados, por lo cual deben contar con personal de orientación (stewards) y la policía debe planificar la seguridad en la semana anterior; 4) el establecimiento de una unidad de coordinación para las comunicaciones e informaciones referidas a los hooligans e instalación de cámaras de vigilancia en circuitos cerrados; 5) debe haber un Registro Nacional del perfil del aficionado; 6) la existencia de una coordinación de los servicios de asistencia médica y de emergencia; y 7) contar con un marco de sanciones para todo tipo de agresión u ofensa en espectáculos deportivos.
Esta “tolerancia cero” fue decisiva para el ingreso del marketing, de la TV con fuertes capitales, y para la remodelación de estadios que dio origen a la Premier League (1992) y a la Eurocopa (1996), pero también, el aumento de tarifas, los abonos caros y el uso de las tarjetas de pago electrónicas, fue excluyendo del fútbol a las clases populares.
Desde lo político, los conservadores apoyaron con júbilo en las Cámaras que cualquier acto sea considerado vandálico, desde arrojar una moneda, lo que conllevaba la exclusión de entrar a los estadios y hasta era pasible de causa judicial y cárcel.
Margareth Thatcher, entonces, sacó rédito de terminar con la violencia en el fútbol inglés –aunque a un costo altísimo– porque como cita el reconocido sociólogo francés Patrick Mignon, las consecuencias de lo ocurrido primero el 11 de mayo de 1985 – cuando una tragedia provocó la muerte de 56 personas por un incendio propagado por la madera vieja de los asientos en el Bradford City Stadium, con salidas de emergencia inadecuadas e impericia del personal en un encuentro de Tercera división-, luego en Heysel (18 días más tarde), y finalmente en Hillsborough, se enfocaron más en los hooligans que en las fallas organizativas y el fútbol comenzó a ser considerado en Europa como un riesgo a la seguridad pública (sujetos violentos que deben ser vigilados y controlados).
Era una respuesta a lo que sostenía el recientemente fallecido sociólogo y estudioso del hooliganismo, Eric Dunning, acerca de que lo que entre 1970 y 1990 tenía dimensiones nacionales y pasaba a ser un asunto europeo.
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